Liquidez inmediata
Ganar un pleito puede tardar años. Entre demandas, recursos, peritajes y la congestión propia de los despachos, una persona o empresa puede tener toda la razón jurídica y, aun así, pasar mucho tiempo sin ver un solo peso. Para quien necesita capital hoy —para operar, invertir o simplemente cerrar un capítulo— esa espera tiene un costo real. La compra de procesos judiciales aparece justamente como una salida a ese dilema.
El problema: tener la razón, pero no el dinero
Un proceso judicial favorable es, en la práctica, un activo. Pero es un activo bloqueado: no se puede usar, ni pignorar con facilidad, ni convertir en efectivo mientras no haya sentencia en firme y, después, recaudo efectivo. A esa incertidumbre se suma el riesgo de que el demandado resulte insolvente o de que el fallo no sea tan favorable como se esperaba. Mientras tanto, el demandante sigue asumiendo honorarios, costas y el desgaste de un litigio que se prolonga.
Qué es la compra de procesos judiciales
Se trata de vender el derecho que se discute en el pleito a un tercero —normalmente un fondo o inversionista especializado— a cambio de un pago inmediato. En el ordenamiento colombiano esta operación corresponde a la cesión de derechos litigiosos, regulada en los artículos 1969 a 1972 del Código Civil.
La ley define el derecho litigioso como el evento incierto del litigio, “del que no se hace responsable el cedente”, y entiende que un derecho es litigioso desde que se notifica judicialmente la demanda. En otras palabras: quien vende (cedente) transfiere a un comprador (cesionario) la posibilidad de ganar el caso, junto con su riesgo. Por eso es un contrato aleatorio: el comprador apuesta por un resultado que todavía no está definido.
Cómo funciona, paso a paso
- Evaluación del caso. El comprador analiza la solidez jurídica de la pretensión, la etapa procesal, las probabilidades de éxito y, sobre todo, la solvencia del demandado.
- Valoración y oferta. Se calcula cuánto vale hoy ese derecho incierto. La oferta suele ser inferior al monto reclamado, porque incorpora el riesgo, el tiempo de espera y los costos futuros que asume el comprador.
- Contrato de cesión. Se formaliza la transferencia del derecho, a título oneroso.
- Continuación del proceso. El cesionario asume la posición en el litigio y persigue la sentencia y su cobro por su cuenta y riesgo.
Para qué procesos suele funcionar
Resulta especialmente atractivo en procesos ejecutivos y de cobro de deudas, reclamaciones de indemnización o responsabilidad, créditos dentro de procesos de insolvencia, controversias contractuales y disputas de carácter patrimonial, donde el monto en juego es claro y el demandado tiene con qué responder.
Las ventajas para quien vende
- Liquidez inmediata en lugar de una expectativa a años vista.
- Transferencia del riesgo: si el caso se pierde o el deudor resulta insolvente, la pérdida la asume el comprador.
- Fin de los costos de honorarios y costas asociados a sostener el pleito.
- Certeza: se cambia un resultado incierto por una suma definida.
Aspectos clave a tener en cuenta
El precio incorpora un descuento: se recibe menos que el valor potencial total de la pretensión, y ese es el costo de adelantar la liquidez y descargar el riesgo.
Además, existe el derecho de retracto litigioso (artículo 1971 del Código Civil). En él, el deudor puede liberarse pagando al cesionario únicamente lo que este haya pagado por la cesión, más intereses desde la notificación. Es un beneficio con plazo limitado y que no aplica cuando la cesión es gratuita, pero conviene conocerlo porque incide en lo que finalmente recibe el comprador.
Por último, es esencial verificar la seriedad y trayectoria del fondo o inversionista, documentar bien la cesión y considerar las implicaciones tributarias de la operación.
En síntesis
La compra de procesos judiciales convierte un fallo futuro e incierto en dinero disponible hoy. No es la opción para quien quiere maximizar el monto a toda costa, pero sí para quien valora la liquidez, la certeza y dejar de cargar con el riesgo y el tiempo de un litigio. Como toda decisión que mezcla lo jurídico y lo financiero, conviene tomarla con asesoría profesional independiente.